La tan esperada norma adopta medidas dirigidas a desarrollar la estrategia de emprendimiento y empleo joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

Entre otras medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, y para mayores de esa edad, cuando así lo determinen los programas de fomento del empleo, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.

Se aprueban, además, incentivos fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para apoyar los proyectos emprendedores. En concreto, se reduce la tributación a las sociedades de nueva creación y a los nuevos autónomos. Además, se establecen incentivos fiscales para fomentar el autoempleo en régimen de autónomo.

Asimismo, se incluyen medidas que suponen estímulos a la contratación laboral de jóvenes hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15 por 100 y se incluyen medidas dirigidas a la mejora de la intermediación laboral como instrumento esencial para fomentar la contratación.

Respecto a las medidas de fomento de la financiación empresarial, se recoge la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil, y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas. También se prevé la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad. Por último, levanta la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas.

En cuanto a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas, se amplía el Plan de Pago a Proveedores y el tipo de facturas que se podrán acoger al plan. Completa la transposición de la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.