Conceden doble pensión a la hija de una mujer asesinada por su marido

Por primera vez se paga una orfandad completa, pese a que el padre está preso

En 2011, un hombre asesinó a su esposa y tras aquel crimen de Almería quedó un paisaje conocido: la madre en el cementerio, el padre en prisión y la hija de 13 años desamparada, al cargo de una tía que acudió al rescate. En una sentencia pionera, un juzgado ha reconocido que la niña tiene que percibir una pensión de orfandad doble y no sencilla. La que le correspondió por el asesinato de la madre. Pero también la que debe corresponderle por la muerte civil del padre que cumple condena.

«A los efectos prácticos», dice la resolución del Juzgado de lo Social número 3 de Almería, «es como si la menor, desde su nacimiento, sólo hubiera tenido un progenitor (la madre) que era la única que cumplía con las obligaciones que le impone la patria potestad».

El resultado final es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendrá que pasar de pagarle los 255,91 euros que le venía abonando (el 20% de la base reguladora de su madre que supone la pensión de orfandad simple) a darle 665,37 (el 52% de la base reguladora que se establece en las ayudas de orfandad completa).

42 hijos sin madre

El resultado es que se abre una puerta que estaba cerrada para la mayoría de los huérfanos de la violencia machista: 42 hijos sin madre sólo en 2013. El resultado es esta historia que ha removido la jurisprudencia. La de una niña llamada Salud, que dos años y medio después de la muerte sigue enferma y necesita ayuda psicológica.

Fue desde el 27 de septiembre de 2011 (o incluso desde antes), cuando Antonio Jiménez mató a su esposa golpeándole la cabeza contra el suelo. El sujeto fue detenido en el lugar de los hechos, ingresó en prisión, acabó siendo condenado a 27 años de cárcel en primera instancia y a 22 en segunda, se le decretó una orden de alejamiento con respecto a la hija y se le prohibió comunicarse con ella, que con su sola mención entra en pánico.

«Es como si la menor», dice el juez, «sólo hubiera tenido un progenitor»

Las psicólogas dijeron que la niña participó de los mismos «ciclos de violencia» de la madre, sufriendo «sumisión» y «despotismo» cuando no estaba su progenitora. La sentencia dice que fue «sometida a un abandono emocional absoluto», que a raíz de todo «sufre un trastorno postraumático» y «depresión». Salud no dice nada: querría que no se contase todo esto. Y no hace más que estudiar y estudiar, nos cuentan: porque cuando tenga 18 años quiere irse lejos de lo que le recuerda a él.

De momento está con su tía, a cuya casa iba ya a dormir cada vez que su madre trabajaba y la alternativa era quedarse con el padre. Su tía, que es la que decidió plantear esta batalla que nunca antes se ganó.

Más o menos así. La Delegación Provincial de Granada del INSS concedió la pensión simple a la huérfana y desestimó la reclamación de una completa. Ante la negativa, se interpuso una demanda contra la Seguridad Social en el Juzgado de lo Social número 3 de Almería, cuyo titular, Juan Carlos Aparicio, ha acabado aceptando íntegramente para darle la razón a la demandante.

La sentencia

La sentencia sostiene que el INSS no ha hecho una interpretación correcta de la Ley contra la Violencia de Género, cuya disposición adicional 1ª establece la pérdida de la condición de beneficiario de la pensión de viudedad a los autores de la muerte de sus parejas o ex parejas.

«A sensu contrario», escribe el juez, «[el asesino] nunca podría tener derecho a la pensión de viudedad como consecuencia del fallecimiento de su esposa aunque lo solicitara por lo que, por una aplicación analógica de la norma, se debería haber otorgado de manera inicial la pensión de orfandad absoluta».

El INSS puede hacer dos cosas durante estos días. O recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por una diferencia que ronda los 400 euros. O asumir lo que, por vez primera en este país, ha dictaminado un juez pensando en las otras víctimas: los hijos a medio crecer, vivos según se mire.

«La sociedad es de los adultos. Como nadie vela por los intereses de los menores, suceden estas cosas. La desprotección del menor en España es muy grande», comenta María Vázquez, la abogada que ha forzado el cerrojo.

«Estamos ante una sentencia pionera, que debe hacer cambiar la mirada», añade. «Hay mucha diferencia entre mirar y ver. La sociedad no está dispuesta a mirar. Los políticos no lo están. Porque si miraran se darían cuenta de muchas cosas. Yo pregunto: ¿quién limpia la sangre de las víctimas cuando mueren en su domicilio?

Interesante sentencia, que esperemos adquiera firmeza.